La Plataforma Prou Desnonaments Oberts denuncia delante del Tribunal de Justicia la ilegalidad de los desahucios abiertos
Desde el inicio de la crisis provocada por la burbuja inmobiliaria, los jueces emitían órdenes de desahucio con una fecha y una hora concretas. Pero en el último año, sobre todo en Barcelona, se está recurriendo cada vez más a los desahucios abiertos al constatar que diferentes entidades y asociaciones conseguían paralizar los anteriores. Un desahucio abierto consiste en una orden de desalojo con un plazo abierto (que suele estar alrededor de 15 días), es decir, en el que el afectado no sabe qué día ni en qué momento se llevará a cabo. El Ayuntamiento de Barcelona, al que por protocolo se avisa desde los juzgados cuando hay un desahucio, ha registrado 47 desahucios sin fecha en 2018. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) elevan la cifra a 58. Por este motivo, la plataforma Prou Desnonaments Oberts presenta su campaña para detener los desahucios abiertos en la Ciutat de la Justícia.
La plataforma, integrada por más de 250 colectivos y asociaciones, entre los cuales encontramos a la CUP, Podem, la PAH, CCOO, UGT, CGT, CDR o colectivos de barrio como el GHAS y l'Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia, ha realizado una rueda de prensa donde han expuesto los motivos de la creación de la plataforma y la voluntad de sentarse a negociar con la decana Mercé Caso para detener los desahucios abiertos; a quien le han hecho entrega de una carta de queja tras el acto.
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| Rueda de Prensa Plataforma Prou Desnonaments Oberts. Foto: Propia |
Lucía Delgado, una de las vocales del acto ha puesto de manifiesto el creciente uso de los desahucios abiertos, práctica que desde la plataforma denuncian que es ilegal según la Ley de Enjuiciamiento Civil. Según datos los datos expuestos por la plataforma, en el 2017 se realizaron 8 desahucios abiertos, mientras que en el 2018 fueron 58.
Posteriormente, ha intervenido una víctima de desahucio abierto: Lourdes García, quien fue desalojada de su casa mediante este mecanismo el año pasado. Ha reiterado que este ‘modus operandi’ es una vulneración de los derechos humanos que no le desea a nadie «provoca estrés, ansiedad, depresión y fracaso escolar». Su desahucio, explica, además de abierto, fue confidencial, con lo cual ni la administración pudo prestarle ningún tipo de ayuda tras el desahucio, porque ni ellos sabían cuando se realizaría. «Te dejan en la calle en 15 o 20 minutos con lo puesto y poca cosa más».
Para acabar, Irene leyó el manifiesto de la plataforma y denunció que Barcelona sea una especie de conejillo de indias con los desahucios abiertos, puesto que esta práctica tan solo se está realizando en la ciudad condal y su área metropolitana. Desde Prou Desnonaments Oberts temen que la práctica «ilegal» se extienda, hecho que haría imposible la colaboración ciudadana para evitar los desahucios sin haber negociado antes una alternativa habitacional digna.